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Justicia

A continuación pueden leer las leyes relacionados con la asistencia jurídica y los procesos judiciales para las personas con discapacidad auditiva:

 

Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección del Patrimonio de Personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad.

Esta ley tiene por objeto favorecer la aportación a título gratuito de bienes y derechos al patrimonio de las personas con discapacidad y establecer mecanismos adecuados para garantizar la afección de tales bienes y derechos. De esta forma, se regula una nueva figura, la del “patrimonio especialmente protegido de las personas con discapacidad” que, una vez constituido, queda inmediata y directamente vinculado a la satisfacción de las necesidades vitales de la persona que padece esta circunstancia. Viene a resolver la incertidumbre y preocupación de muchos padres con hijos con discapacidad, incluso de las propias personas con discapacidad, sobre el futuro de sus hijos cuando ellos no estén con vida y los protegidos no puedan administrarse o gobernarse por sí mismos.

Entre los beneficiarios de esta ley están, entre otras, las personas con deficiencia auditiva con grado de discapacidad legalmente reconocido igual o superior a 65%, y si además padece una discapacidad intelectual será suficiente tener reconocido un porcentaje de 33%. El patrimonio puede ser constituido por la propia persona con discapacidad (si tiene capacidad de obrar suficiente), los padres, tutores, curadores o guardadores de hecho y cualquier persona con interés legítimo.

Para crear un patrimonio protegido, hay que acudir a un notario y dejar constancia en escritura pública, se designará expresamente cuáles son los bienes que se protegen y cómo serán administrados esos bienes en caso de que la persona con discapacidad no tenga la capacidad para hacerlo por ella misma. Constituida la escritura pública, los bienes se aíslan del patrimonio personal del titular-beneficiario y quedan sometidos a un régimen de administración determinado. Los bienes objeto de protección son variopintos pudiendo afectarse a la causa dinero o depósitos en cuentas corrientes, seguros, rentas vitalicias, fincas urbanas o rústicas, títulos, acciones, deuda pública, obligaciones, etc.

Señalar que esta Ley ha sufrido modificaciones posteriores (Ley 1/2009, de 25 de marzo, de reforma de la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, en materia de incapacitaciones, cargos tutelares y administradores de patrimonios protegidos, y de la Ley 41/2003, de 18 de  noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de la normativa tributaria con esta finalidad) que simplifican los trámites y aclaran conceptos oscuros pero que no afectan al contenido esencial del patrimonio protegido, igualmente ha sido complementada por los Reales Decretos 177/2004 y 1853/2009.

 

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Regula los procedimientos civiles, las normas procesales que deben respetarse en los litigios del orden jurisdiccional civil. Establece en su artículo 143 que cuando una persona sorda usuaria de la lengua de signos hubiese de ser interrogada o prestar alguna declaración, o cuando fuere preciso darle a conocer personalmente alguna resolución, el Secretario por medio de decreto nombrará siempre un intérprete de lengua de signos adecuado. De las actuaciones que se practiquen en relación con las personas sordas se levantará la oportuna acta.

Como se observa el nombramiento lo debe de hacer el juzgado, y no será la persona con discapacidad sorda quien se responsabilice de acudir al juicio con el intérprete.

 

Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Incluyendo sus ulteriores modificaciones, regula el derecho a la asistencia jurídica gratuita consistente en conceder una serie de prestaciones que se facilitan a todas las personas que acreditan que no tienen recursos suficientes para litigar (“poner una demanda” “ir a juicio”, llevar a juicio lo que consideran injusto) o son parte de un juicio o tienen intención de empezarlo.

Entre los beneficiarios se encuentran las personas con discapacidad señaladas en el apartado 2 artículo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, así como las personas que los tengan a su cargo, sólo cuando actúen en un proceso en su nombre e interés, siempre que se trate de procedimientos que guarden relación con las circunstancias de salud o discapacidad que motivan este reconocimiento excepcional. También tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita las asociaciones de utilidad pública y fundaciones registradas cuando careciendo de patrimonio suficiente el resultado contable de la entidad en cómputo anual fuese inferior a la cantidad equivalente al triple del indicador público de renta de efectos múltiples.

Se entenderá que las personas con discapacidad o quien los tenga a su cargo tienen insuficiencia de recursos cuando la suma de sus ingresos no excedan del quíntuplo del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), teniendo en cuenta además la carencia de patrimonio suficiente.

Las prestaciones que se conceden son las siguientes:

  • Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, cuando tenga por objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.
  • Asistencia del abogado al detenido o preso.
  • Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando su intervención sea preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal.
  • Inserción gratuita en los periódicos oficiales de los anuncios y edictos que deban publicarse en periódicos oficiales.
  • Exención de hacer los depósitos que sean necesarios para la interposición de cualesquiera recursos.
  • Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales o, en su defecto a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones Públicas. Sólo excepcionalmente podrá recurrirse a peritos privados.
  • Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales.
  • Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales, o de notas, certificaciones, anotaciones, asientos o inscripciones de cualesquiera Registros públicos, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita. Aunque estos derechos no se percibirán cuando el interesado acredite ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional.

La gratuidad se extiende en todos los incidentes y recursos, pero no podrá utilizarse el derecho para otro proceso distinto.

 

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con sus diversas modificaciones.

Regulan las normas del procedimiento que deben respetarse en todos los procesos penales para salvaguardar las garantías y la seguridad jurídica en estos litigios.

Su artículo 442 señala que si tiene que testificar una persona sorda usuaria de la lengua de signos, el tribunal nombrará un intérprete de lengua de signos adecuado, por cuyo conducto se le harán las preguntas y se recibirán sus contestaciones. El intérprete nombrado deberá prestar juramento a presencia del sordo antes de comenzar a desempeñar el cargo.

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